El cariño por las mascotas domésticas viene de antiguo. Así lo corrobora un hallazgo realizado cerca del monumento megalítico Stonehenge en Inglaterra: un grupo de viajeros prehistóricos del mesolítico recorrieron 400 kilómetros junto con un perro parecido al pastor alemán. El diente descubierto (foto) por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Buckingham, a una distancia de 2,4 kilómetros del mítico monumento, pertenece a uno de los perros domesticados más antiguos de Gran Bretaña. En concreto, el can vivió hace 7.000 años, o lo que es lo mismo, 2.000 años antes de que fuera erigido el Stonehenge.
Según un análisis realizado en la Universidad de Durham el perro tenía el tamaño, forma y posiblemente el color del pastor alemán. Las características químicas del esmalte del diente (debidas al agua que el perro bebía) ubican el origen del animal en la zona de la actual ciudad de York. "Habrá que reescribir la historia porque no conocíamos que la gente del Mesolítico hubiera recorrido distancias tan largas", afirma una portavoz de la Universidad de Buckingham. El perro pudo haber sido considerado una mascota prestigiosa y tal vez fue trasladado desde el norte de Inglaterra a la zona donde posteriormente sería construido el Stonehenge, en el sur de la isla, afirma una portavoz de la University of Buckingham
Una herramienta de pizarra procedente de Gales también fue descubierta en el lugar junto con artefactos procedentes del centro y oeste de Inglaterra."Ello significa que la gente hacía viajes a gran distancia para intercambiar ideas y nuevas tecnologías", según la Universidad de Buckingham, informa The Daily Telegraph.
Se cree que el lobo gris, del que es considerado una subespecie, es su antepasado más inmediato. Las pruebas arqueológicas demuestran que el perro ha estado en convivencia cercana con los humanos desde hace al menos 9000 años, pero posiblemente desde hace 14 000 años. Las pruebas fósiles demuestran que los antepasados de los perros modernos ya estaban asociados con los humanos hace 100 000 años.
Las investigaciones más recientes indican que el perro fue domesticado por primera vez en el este de Asia, posiblemente en China; sin embargo, se ignora si todos los perros domésticos provienen de un mismo grupo o si el proceso de domesticación se repitió varias veces. En el siglo XXI, los investigadores han alcanzado un consenso casi absoluto acerca de que lo probable es que la domesticación del perro empezara por la adaptación espontánea de este al acercarse a vivir junto al hombre más que por la voluntad humana. Esto se debe a que vivir junto al hombre siempre fue ventajoso para el cánido. Un perro viviendo en una comunidad humana, aún en la Antigüedad, podía alimentarse con menos esfuerzo que uno salvaje, podía vivir en mejores condiciones disfrutando del afecto y cuidado humano.
El perro es una subespecie doméstica del lobo, según la comparación de los mapas genéticos de ambas especies.9 La evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue encontrada en 2008 en la cueva Goyet de Bélgica, correspondiente a unos 31 700 años y al parecer asociado a la cultura auriñaciense. Hasta entonces las pruebas más antiguas se habían encontrado en Rusia, pertenecientes a hace 14 000 años (Eliseevich). El hombre consiguió domesticar a ejemplares de lobos, o, más probablemente, se demostró incapaz de impedir que los lobos se introdujeran en sus aldeas y tuvieran allí a sus cachorros. El perro era útil como ayuda en la caza y para defender al grupo y su morada. Poco a poco, el hombre los adaptó a sus necesidades, creando diferentes razas para las distintas labores y características ambientales y geográficas. La evidencia genética y arqueológica sugieren que el proceso de domesticación se dio en los dos extremos del Viejo Mundo de forma independiente, aunque posteriormente la población oriental remplazó casi por completo a la occidental.
Los perros comprenden lo que decimos y cómo lo decimos
Los perros tienen la capacidad de distinguir las palabras que empleamos cuando nos dirigimos a ellos y la entonación que usamos, según indica un nuevo estudio publicado en la revista Science. Además, los perros utilizan regiones del cerebro similares a los que usan los humanos, por lo que los investigadores concluyen que la capacidad de aprendizaje del vocabulario no es exclusivamente humana.
dilluns, 17 d’octubre de 2016
RFA: Explosiones en dos plantas químicas de BASF
Al menos una persona ha muerto, siete han resultado heridas y seis más permanecen desaparecidas a causa de una violenta explosión en una planta del gigante químico alemán BASF en Ludwigshafen (oeste de Alemania), según las autoridades locales. La deflagración que ha tenido peores consecuencias ha sido la que se ha producido en Ludwigshafen, en el suroeste de Alemania, según han informado la compañía y las autoridades locales. La otra explosión, que ha sido la primera, ha ocurrido en las instalaciones de BASF de la ciudad de Lampertheim, ubicada a tan sólo 30 kilómetros de Ludwigshafen.
La deflagración de la planta de Ludwigshafen se ha producido hacia las 11.30 horas en unas conducciones del puerto norte, donde la factoría de BASF se abastece de gas licuado y petróleo, y los productos químicos lanzados a la atmósfera podrían suponer un riesgo para la población cercana. Un portavoz de la compañía ha detallado que a través del sistema de tuberías donde se ha originado la explosión se transportan productos semielaborados desde los barcos hasta determinados puestos de producción. “Durante unos trabajos en unas tuberías se produjo una explosión que resultó en un incendio”, explicó la empresa en un comunicado.
Los vecinos de Ludwigshafen también se han visto afectados por la deflagración ya que los bomberos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no salga de sus casas, cierre puertas y ventanas y desconecte los sistemas de aire y ventilación. La propia empresa pidió también a los vecinos de Ludwigshafen “evitar permanecer en espacios abiertos y mantener las puertas y ventanas cerradas”. Asimismo han aconsejado a los conductores que eviten la zona.
La explosión de Ludwigshafen ha provocado una densa nube de humo, que puede provocar malos olores y dificultades de visibilidad en la parte norte de la ciudad, según han alertado las autoridades. No obstante, en la página web de la ciudad vecina de Mannheim se informa a los vecinos que no se descarta que la nube de humo acabe llegando también a este núcleo urbano, por lo que se recomienda precaución y mantener las puertas y ventanas cerradas.
El suceso de Lampertheim, por su parte, ha tenido lugar en una planta de aditivos para plásticos, donde ha explotado de un filtro por motivos por el momento no aclarados. Un incidente que no ha supuesto la expulsión de químicos peligrosos a la atmósfera, según los medidores de contaminantes de la empresa. BASF ha reconocido que en este primer incidente cuatro trabajadores han resultado heridos y han tenido que ser trasladados a un hospital cercano.
La actividad se ha paralizado en los dos centros industriales afectados, con lo que BASF acumula 16 interrupciones de la producción en algunas de sus plantas alemanas en lo que va de año, frente a los 13 incidentes registrados en el conjunto de 2015. Las instalaciones de BASF afectadas hoy por las explosiones son importantes para la compañía para el abastecimiento de materias primas y en ellas se trabaja con líquidos inflamables y gas líquido, informa La Vanguardia.
La deflagración de la planta de Ludwigshafen se ha producido hacia las 11.30 horas en unas conducciones del puerto norte, donde la factoría de BASF se abastece de gas licuado y petróleo, y los productos químicos lanzados a la atmósfera podrían suponer un riesgo para la población cercana. Un portavoz de la compañía ha detallado que a través del sistema de tuberías donde se ha originado la explosión se transportan productos semielaborados desde los barcos hasta determinados puestos de producción. “Durante unos trabajos en unas tuberías se produjo una explosión que resultó en un incendio”, explicó la empresa en un comunicado.
Los vecinos de Ludwigshafen también se han visto afectados por la deflagración ya que los bomberos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no salga de sus casas, cierre puertas y ventanas y desconecte los sistemas de aire y ventilación. La propia empresa pidió también a los vecinos de Ludwigshafen “evitar permanecer en espacios abiertos y mantener las puertas y ventanas cerradas”. Asimismo han aconsejado a los conductores que eviten la zona.
La explosión de Ludwigshafen ha provocado una densa nube de humo, que puede provocar malos olores y dificultades de visibilidad en la parte norte de la ciudad, según han alertado las autoridades. No obstante, en la página web de la ciudad vecina de Mannheim se informa a los vecinos que no se descarta que la nube de humo acabe llegando también a este núcleo urbano, por lo que se recomienda precaución y mantener las puertas y ventanas cerradas.
El suceso de Lampertheim, por su parte, ha tenido lugar en una planta de aditivos para plásticos, donde ha explotado de un filtro por motivos por el momento no aclarados. Un incidente que no ha supuesto la expulsión de químicos peligrosos a la atmósfera, según los medidores de contaminantes de la empresa. BASF ha reconocido que en este primer incidente cuatro trabajadores han resultado heridos y han tenido que ser trasladados a un hospital cercano.
La actividad se ha paralizado en los dos centros industriales afectados, con lo que BASF acumula 16 interrupciones de la producción en algunas de sus plantas alemanas en lo que va de año, frente a los 13 incidentes registrados en el conjunto de 2015. Las instalaciones de BASF afectadas hoy por las explosiones son importantes para la compañía para el abastecimiento de materias primas y en ellas se trabaja con líquidos inflamables y gas líquido, informa La Vanguardia.
Detenidos los exconcejales Irene San Gil y Gabriel Vallejo (PP) por el fraude de la ORA
La ex concejala de Funció Pública Irene San Gil y el ex regidor de Mobilitat Gabriel Vallejo (PP) han sido detenidos ehace unas horas en relación con la investigación sobre un presunto fraude en la licitación y adjudicación del servicio de la ORA, que ha supuesto además la detención de otras 13 personas. Ambos formaron parte del Gobierno municipal de Palma con Mateu Isern (PP) como alcalde. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción, que han decretado el secreto de sumario. En ella intervienen funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales, adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía en Baleares.
Al menos 8 de los 13 detenidos en esta operación que continúa abierta son funcionarios del Ayuntamiento de Palma y trabajan en las áreas de Movilidad, Contratación e Intervención. El servicio de la ORA estaba actualmente en manos de la UTE formada por las empresas Roig Obres, Serveis i Medi ambient, S.A.-Dornier y Api Movilidad, ganadora del concurso por el que la mesa de contratación de Cort adjudicó el servicio de control y mantenimiento del estacionamiento regulado en la vía pública (ORA), informa Ultima Hora.
Palma: 13 funcionarios detenidos por el concurso de la ORA
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 13 personas, todos ellas relacionadas con la licitación y adjudicación de un concurso de la ORA -servicio de parquímetros y parkings- de Palma. Al menos 8 de ellas son funcionarios del Ayuntamiento de Palma que han sido arrestados en las dependencias de Cort y de Sant Ferran. Entre las diez y las once de la mañana se han personado varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Sant Ferran. Todavía no han trascendido los nombres de las personas detenidas, aunque fuentes municipales confirman que entre ellos hay varios jefes de departamento.
Al menos 8 de los 13 detenidos en esta operación que continúa abierta son funcionarios del Ayuntamiento de Palma y trabajan en las áreas de Movilidad, Contratación e Intervención. El servicio de la ORA estaba actualmente en manos de la UTE formada por las empresas Roig Obres, Serveis i Medi ambient, S.A.-Dornier y Api Movilidad, ganadora del concurso por el que la mesa de contratación de Cort adjudicó el servicio de control y mantenimiento del estacionamiento regulado en la vía pública (ORA), informa Ultima Hora.
Palma: 13 funcionarios detenidos por el concurso de la ORA
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 13 personas, todos ellas relacionadas con la licitación y adjudicación de un concurso de la ORA -servicio de parquímetros y parkings- de Palma. Al menos 8 de ellas son funcionarios del Ayuntamiento de Palma que han sido arrestados en las dependencias de Cort y de Sant Ferran. Entre las diez y las once de la mañana se han personado varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Sant Ferran. Todavía no han trascendido los nombres de las personas detenidas, aunque fuentes municipales confirman que entre ellos hay varios jefes de departamento.
Palma: 13 funcionarios detenidos por el concurso de la ORA
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 13 personas, todos ellas relacionadas con la licitación y adjudicación de un concurso de la ORA -servicio de parquímetros y parkings- de Palma. Al menos 8 de ellas son funcionarios del Ayuntamiento de Palma que han sido arrestados en las dependencias de Cort y de Sant Ferran. Entre las diez y las once de la mañana se han personado varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Sant Ferran. Todavía no han trascendido los nombres de las personas detenidas, aunque fuentes municipales confirman que entre ellos hay varios jefes de departamento.
Al menos 4 de los arrestados pertenecen al área de Movilidad, 3 del departamento de Contratación (regiduría de Función Pública) y uno de Intervención (área de Economía y Hacienda) del consistorio palmesano. Fuentes de la investigación explican que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que de momento no se han revelado más detalles de las pesquisas. Los detenidos son funcionarios y no se han producido detenciones de políticos, informa Diario de Mallorca.
ESTACIONAMIENTO REGULADO ORA
Con las siglas O.R.A se denomina a la Operación de Regulación de Aparcamiento contenida en los artículos 56 a 68 de la Ordenanza Municipal de Circulación , cuyo objeto es la regulación de los estacionamientos en superficie disponibles en la ciudad de Palma de Mallorca. Dicha Ordenanza fija los tiempos máximos de permanencia, con el fin de lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso como es el aparcamiento en la vía pública, todo ello sujeto al previo pago del precio establecido en la ordenanza fiscal.
Al menos 4 de los arrestados pertenecen al área de Movilidad, 3 del departamento de Contratación (regiduría de Función Pública) y uno de Intervención (área de Economía y Hacienda) del consistorio palmesano. Fuentes de la investigación explican que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que de momento no se han revelado más detalles de las pesquisas. Los detenidos son funcionarios y no se han producido detenciones de políticos, informa Diario de Mallorca.
ESTACIONAMIENTO REGULADO ORA
Con las siglas O.R.A se denomina a la Operación de Regulación de Aparcamiento contenida en los artículos 56 a 68 de la Ordenanza Municipal de Circulación , cuyo objeto es la regulación de los estacionamientos en superficie disponibles en la ciudad de Palma de Mallorca. Dicha Ordenanza fija los tiempos máximos de permanencia, con el fin de lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso como es el aparcamiento en la vía pública, todo ello sujeto al previo pago del precio establecido en la ordenanza fiscal.
Batalla de Mosul: 7 aldeas liberadas de Daesh
El grupo terrorista wahabita EI pierde siete aldeas cerca de Mosul en las primeras horas de la extensa operación de las fuerzas iraquíes para liberar esta ciudad. Las fuerzas kurdo-iraquíes (los peshmergas) han logrado este lunes hacerse con el control de siete poblados al este de Mosul, además de con la carretera principal que conecta Mosul con la capital de la región del Kurdistán de Irak, Erbil. Según ha explicado el responsable de comunicación de los peshmerga, Helgurt Hikmet, las localidades en cuestión son: Tercele, Basahra, Bedene pequeño, Bedene Grande, Emir Sheij y Baskelan. Erdogan: Turquía NO quedará al margen de la ofensiva contra Mosul.
Las fuerzas kurdo-iraquíes han lanzado este lunes una ofensiva paralela contra las posiciones del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) al este de Mosul. “Cerca de 4000 peshmergas (combatientes kurdos) participan en la operación en Khazir sobre tres frentes, para limpiar las aldeas de los alrededores ocupadas por el EIIL”, ha indicado el mando general de las fuerzas kurdas en un comunicado emitido este lunes.
La nota llega pocas horas después de que el primer ministro de Irak, Haidar Al-Abadi, anunciara el inicio de las operaciones militares para retomar la septentrional ciudad de Mosul, en manos de Daesh desde junio de 2014, asegurando que “se acerca el momento de la gran victoria”. El comunicado precisa que el operativo de los peshmerga fue coordinado con las fuerzas iraquíes federales, que avanzan por el sur de Mosul, apoyadas desde el aire por la llamada coalición anti-EIIL, liderada por EE.UU.
Los mandos de peshmerga han explicado que se trata de la tercera etapa de un despliegue que comenzó hace varios meses para retomar localidades de la llanura de la norteña provincia de Nínive (de la que Mosul es su capital), anteriormente habitada por minorías cristianas. “El primer objetivo de la operación es liberar algunas áreas fuera de la ciudad (de Mosul) y en las llanuras de Nínive, donde viven minorías como los cristianos. El segundo es apoyar al Ejército iraquí”, ha afirmado Halgurd Hikmat, responsable de comunicación de los peshmerga.
Erdogan: Turquía NO quedará al margen de la ofensiva contra Mosul
El presidente tuco, Recep Tayyip Erdogan, ofrece un discurso durante la ceremonia de sorteo de jueces y fiscales en Ankara, la capital, 12 de octubre de 2016.
El presidente tuco, Recep Tayyip Erdogan, asegura que su país no quedará al margen de la ofensiva contra la ciudad iraquí de Mosul. "Vamos a estar tanto en la operación, como en la mesa [de negociaciones] después", ha subrayado el jefe de Estado turco en un discurso televisado pronunciado este lunes, el mismo día en que las tropas iraquíes han dado inicio a su ofensiva a gran escala para liberar Mosul, ciudad del norte controlada por el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) desde junio de 2014.
El mandatario turco ha justificado el despliegue de las tropas turcas en el norte del territorio de su vecino árabe, aduciendo que Turquía sigue estando bajo la amenaza terrorista procedente de esa región. "¿Qué dicen ellos? Turquía no debería entrar en Mosul. ¿Por qué no podemos entrar? Tenemos una frontera de 350 kilómetros [con Irak]”, ha precisado Erdogan, agregando: "Nuestros hermanos están ahí y nuestros parientes están ahí. Está fuera de cuestión que no estemos involucrados (en la batalla). Tenemos hermanos en Mosul: árabes, turkmenos, kurdos, son nuestros hermanos", insiste.
Desde su llegada en diciembre de 2015 a la región de Bashiqa, cerca de la ciudad de Mosul, Turquía es objeto de críticas y protestas por parte de Bagdad, que tacha el despliegue militar turco de "ocupación" y exige su retirada completa del país. Asimismo, ha amenazado con consecuencias diplomáticas si los casi 300 soldados turcos se niegan a abandonar el suelo iraquí, informa HispanTv.
Wikileaks: Hillary Clinton reconoce que Arabia Saudita y Qatar apoyan al EI
Una nueva filtración de la correspondencia electrónica entre la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el presidente de su campaña electoral, John Podesta, revela nueva información sobre la falsa "lucha" del país norteamericano contra el autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe). En los mensajes publicados por WikiLeaks, la aspirante a la Casa Blanca se refiere a Arabia Saudita y Qatar como principales partidarios "financieros y logísticos" de los terroristas. Clinton indica que se deben usar "recursos diplomáticos de inteligencia y más tradicionales para presionar a los Gobiernos de Qatar y Arabia Saudita".
Las fuerzas kurdo-iraquíes han lanzado este lunes una ofensiva paralela contra las posiciones del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) al este de Mosul. “Cerca de 4000 peshmergas (combatientes kurdos) participan en la operación en Khazir sobre tres frentes, para limpiar las aldeas de los alrededores ocupadas por el EIIL”, ha indicado el mando general de las fuerzas kurdas en un comunicado emitido este lunes.
La nota llega pocas horas después de que el primer ministro de Irak, Haidar Al-Abadi, anunciara el inicio de las operaciones militares para retomar la septentrional ciudad de Mosul, en manos de Daesh desde junio de 2014, asegurando que “se acerca el momento de la gran victoria”. El comunicado precisa que el operativo de los peshmerga fue coordinado con las fuerzas iraquíes federales, que avanzan por el sur de Mosul, apoyadas desde el aire por la llamada coalición anti-EIIL, liderada por EE.UU.
Los mandos de peshmerga han explicado que se trata de la tercera etapa de un despliegue que comenzó hace varios meses para retomar localidades de la llanura de la norteña provincia de Nínive (de la que Mosul es su capital), anteriormente habitada por minorías cristianas. “El primer objetivo de la operación es liberar algunas áreas fuera de la ciudad (de Mosul) y en las llanuras de Nínive, donde viven minorías como los cristianos. El segundo es apoyar al Ejército iraquí”, ha afirmado Halgurd Hikmat, responsable de comunicación de los peshmerga.
Erdogan: Turquía NO quedará al margen de la ofensiva contra Mosul
El presidente tuco, Recep Tayyip Erdogan, ofrece un discurso durante la ceremonia de sorteo de jueces y fiscales en Ankara, la capital, 12 de octubre de 2016.
El presidente tuco, Recep Tayyip Erdogan, asegura que su país no quedará al margen de la ofensiva contra la ciudad iraquí de Mosul. "Vamos a estar tanto en la operación, como en la mesa [de negociaciones] después", ha subrayado el jefe de Estado turco en un discurso televisado pronunciado este lunes, el mismo día en que las tropas iraquíes han dado inicio a su ofensiva a gran escala para liberar Mosul, ciudad del norte controlada por el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) desde junio de 2014.
El mandatario turco ha justificado el despliegue de las tropas turcas en el norte del territorio de su vecino árabe, aduciendo que Turquía sigue estando bajo la amenaza terrorista procedente de esa región. "¿Qué dicen ellos? Turquía no debería entrar en Mosul. ¿Por qué no podemos entrar? Tenemos una frontera de 350 kilómetros [con Irak]”, ha precisado Erdogan, agregando: "Nuestros hermanos están ahí y nuestros parientes están ahí. Está fuera de cuestión que no estemos involucrados (en la batalla). Tenemos hermanos en Mosul: árabes, turkmenos, kurdos, son nuestros hermanos", insiste.
Desde su llegada en diciembre de 2015 a la región de Bashiqa, cerca de la ciudad de Mosul, Turquía es objeto de críticas y protestas por parte de Bagdad, que tacha el despliegue militar turco de "ocupación" y exige su retirada completa del país. Asimismo, ha amenazado con consecuencias diplomáticas si los casi 300 soldados turcos se niegan a abandonar el suelo iraquí, informa HispanTv.
Wikileaks: Hillary Clinton reconoce que Arabia Saudita y Qatar apoyan al EI
Una nueva filtración de la correspondencia electrónica entre la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el presidente de su campaña electoral, John Podesta, revela nueva información sobre la falsa "lucha" del país norteamericano contra el autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe). En los mensajes publicados por WikiLeaks, la aspirante a la Casa Blanca se refiere a Arabia Saudita y Qatar como principales partidarios "financieros y logísticos" de los terroristas. Clinton indica que se deben usar "recursos diplomáticos de inteligencia y más tradicionales para presionar a los Gobiernos de Qatar y Arabia Saudita".
Trama Púnica: Pedro Antonio Sánchez (PP) dio el OK para mejorar su reputación 'online'
El cerco judicial a Pedro Antonio Sánchez (PP) se estrecha. La investigación contra el exconsejero de Educación y actual presidente de Murcia por su supuesta implicación en el caso Púnica ha dado un paso más. El exdirector comercial de Madiva Editorial y Publicidad SL, una de las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro, ha identificado con nombres y apellidos ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Eloy Velasco, a la persona que transmitió a De Pedro el OK del consejero a la trama para que esta mejorara su reputación 'online'. Se trata de David Conesa, la persona a la que el excolaborador de De Pedro consideraba el exjefe de gabinete de Sánchez. Conesa lo niega y dice que él no tenía ese cargo sino que era solo un asistente con “escasa experiencia”, por lo que, asegura, no podía abordar asuntos de tanta relevancia.
Pero el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la colaboración entre las empresas de De Pedro y Sánchez es tozudo. En él se recoge parte de la declaración que Javier Bueno, exdirector comercial de la empresa de reputación 'online', prestó ante los agentes del instituto armado el pasado abril. En ella relató cómo el 24 de octubre de 2014 mantuvo una reunión a la que asistieron De Pedro y “el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez”. Según Bueno, a lo largo de ese encuentro, que se produjo en la sede de la Consejería de Educación, el colaborador del entonces consejero les transmitió el OK de este “al trabajo de reputación y todo lo que conllevaba, como la contratación de un periodista”.
El informe policial apunta en todo momento a que la persona a la que Bueno se refiere como “jefe de gabinete” de Sánchez era David Conesa. Pero faltaba que esa información proporcionada por los investigadores fuera corroborada por alguno de los asistentes a la reunión. La confirmación llegó el pasado 5 de octubre, cuando Bueno volvió a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco como imputado por malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude a la Administración Pública. Durante su comparecencia, el exdirector comercial de Madiva identificó a David Conesa como la persona que acudió al encuentro para dar el sí del exconsejero y actual presidente murciano a los manejos de la trama Púnica.
Se trata de un indicio más contra Conesa y el actual presidente de la comunidad. Porque el documento policial recoge otros muchos. Como un cruce de correos electrónicos intervenidos en los registros, en que el representante de Sánchez trata de conseguir que De Pedro lo reciba para tratar sobre los servicios que este iba a prestar al entonces consejero de Educación. En uno de ellos le dice al empresario textualmente: “El consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”. “Mañana acompaño al consejero a Madrid y me preguntaba si tendrías un hueco para vernos y hablar del tema que llevamos”, le transmite en otro 'email' a De Pedro.
El informe delata a Sánchez
Además, el mismo día en que se produjo el encuentro entre De Pedro y Conesa al que asistió también Bueno, y en que, según este último, se les transmitió el acuerdo de Pedro Antonio Sánchez para encargarles los trabajos de reputación 'online', Madiva redacta el llamado 'informe preventa', en el que se identifica como cliente a la Consejería de Educación y se explica que el objetivo de la visita a Conesa era el “cierre de las negociaciones para la reputación 'online' de Pedro A. Sánchez”. En el apartado denominado 'concepto', aparece la palabra 'formación'. En él se explica también que el servicio iba a comenzar a prestarse el 1 de noviembre de 2014, pero lo frustraron las detenciones y los registros ordenados por Velasco, que se produjeron el 27 de octubre.
Ese informe, según dijo Javier Bueno a la Guardia Civil, “pone de manifiesto que se ha ofrecido un servicio y se ha aceptado por parte del cliente, que se iba a realizar el servicio de reputación a Pedro Antonio Sánchez y que se iba a facturar a la Consejería de Educación con un concepto distinto y relacionado con la formación". Además del informe preventa, en el ordenador de Bueno también apareció una 'hoja de pedido de servicios' en la que se recogen las prestaciones concretas que se iban a desarrollar para Sánchez —estrategia SEO, 'linkbuilding', creación de identidad digital, dinamización de contenidos en blogs y 'sites'…— y el precio, que era de 4.600 euros al mes y 32.200 al año.
Todos esos indicios no casan muy bien con lo manifestado por Conesa a los agentes. En su declaración, aseguró que el interés de encontrarse no era del consejero y actual presidente, sino de De Pedro, del que dijo que “era muy pesado” y que la respuesta que se le daba desde la consejería era siempre “negativa”. En cuanto a la reunión en la consejería con De Pedro y Bueno, en la que, según este último, Conesa les dio el OK para contratar sus servicios, el colaborador del presidente murciano aseguró que no la recordaba, pero que siempre se les dijo que no a sus propuestas. “Se les contestaba que se estudiaría la propuesta, pero como una respuesta negativa amable”, dijo a la Guardia Civil.
Tras la última ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional, celebrada el 4 y 5 de octubre, Conesa ha presentado un escrito en el juzgado de Velasco en el que, ahora sí, reconoce que esa reunión se produjo, pero afirma que De Pedro y Bueno le presentaron sus propuestas para el consejero y él no les mostró “un claro desinterés” para que no quedaran “descontentos”, aunque dio el tema por zanjado. En ese documento, en el que reclama al juez que se archive la causa contra él —está imputado por fraude, malversación y revelación de información reservada—, asegura que nunca fue “jefe de gabinete” de Pedro Antonio Sánchez, sino que solo formaba parte del “personal eventual como asesor de comunicación”.
En el escrito se presenta como alguien joven e inexperto y sin competencia para tratar asuntos tan importantes. “Precisamente por su juventud y escasa experiencia”, dice el documento, Conesa “se ocupaba, como es lógico, de asuntos de menor interés, atendiendo a cuantos ciudadanos se dirigían a la consejería, cuyas consultas para el caso de pasar a mayor, siempre debía derivar a sus superiores, dado que carecía de capacidad de decisión alguna”. Es decir, que era imposible que, a pesar de los correos y las reuniones con el personal de De Pedro detectadas por la Guardia Civil, él pudiera ocuparse de la reputación 'online' del entonces futuro presidente de Murcia, informa El Confidencial.
La mafia de Púnica untó a más de 200 políticos y funcionarios con regalos de lujo
Los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que dos de los presuntos cerebros de la trama Púnica, los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid, utilizaron recurrentemente las fiestas navideñas para engrasar su relación con dirigentes y empleados de administraciones públicas en las que tenían intereses inmobiliarios.
Alberto Garzón (IU): Nos gobierna una mafia
Lo que estamos conociendo del caso Gürtel está confirmando todo lo que sospechábamos. Lo hemos dicho muchas veces: el PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. No es un problema individual, vinculado a algunas manzanas podridas, sino que afecta de lleno a la estructura del partido. Son una banda organizada para el crimen. Por eso puede resultar llamativo que el PSOE haya decidido blanquear a esta tropa mediante la abstención en la investidura del jefe de la banda.
Pero el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la colaboración entre las empresas de De Pedro y Sánchez es tozudo. En él se recoge parte de la declaración que Javier Bueno, exdirector comercial de la empresa de reputación 'online', prestó ante los agentes del instituto armado el pasado abril. En ella relató cómo el 24 de octubre de 2014 mantuvo una reunión a la que asistieron De Pedro y “el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez”. Según Bueno, a lo largo de ese encuentro, que se produjo en la sede de la Consejería de Educación, el colaborador del entonces consejero les transmitió el OK de este “al trabajo de reputación y todo lo que conllevaba, como la contratación de un periodista”.
El informe policial apunta en todo momento a que la persona a la que Bueno se refiere como “jefe de gabinete” de Sánchez era David Conesa. Pero faltaba que esa información proporcionada por los investigadores fuera corroborada por alguno de los asistentes a la reunión. La confirmación llegó el pasado 5 de octubre, cuando Bueno volvió a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco como imputado por malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude a la Administración Pública. Durante su comparecencia, el exdirector comercial de Madiva identificó a David Conesa como la persona que acudió al encuentro para dar el sí del exconsejero y actual presidente murciano a los manejos de la trama Púnica.
Se trata de un indicio más contra Conesa y el actual presidente de la comunidad. Porque el documento policial recoge otros muchos. Como un cruce de correos electrónicos intervenidos en los registros, en que el representante de Sánchez trata de conseguir que De Pedro lo reciba para tratar sobre los servicios que este iba a prestar al entonces consejero de Educación. En uno de ellos le dice al empresario textualmente: “El consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”. “Mañana acompaño al consejero a Madrid y me preguntaba si tendrías un hueco para vernos y hablar del tema que llevamos”, le transmite en otro 'email' a De Pedro.
El informe delata a Sánchez
Además, el mismo día en que se produjo el encuentro entre De Pedro y Conesa al que asistió también Bueno, y en que, según este último, se les transmitió el acuerdo de Pedro Antonio Sánchez para encargarles los trabajos de reputación 'online', Madiva redacta el llamado 'informe preventa', en el que se identifica como cliente a la Consejería de Educación y se explica que el objetivo de la visita a Conesa era el “cierre de las negociaciones para la reputación 'online' de Pedro A. Sánchez”. En el apartado denominado 'concepto', aparece la palabra 'formación'. En él se explica también que el servicio iba a comenzar a prestarse el 1 de noviembre de 2014, pero lo frustraron las detenciones y los registros ordenados por Velasco, que se produjeron el 27 de octubre.
Ese informe, según dijo Javier Bueno a la Guardia Civil, “pone de manifiesto que se ha ofrecido un servicio y se ha aceptado por parte del cliente, que se iba a realizar el servicio de reputación a Pedro Antonio Sánchez y que se iba a facturar a la Consejería de Educación con un concepto distinto y relacionado con la formación". Además del informe preventa, en el ordenador de Bueno también apareció una 'hoja de pedido de servicios' en la que se recogen las prestaciones concretas que se iban a desarrollar para Sánchez —estrategia SEO, 'linkbuilding', creación de identidad digital, dinamización de contenidos en blogs y 'sites'…— y el precio, que era de 4.600 euros al mes y 32.200 al año.
Todos esos indicios no casan muy bien con lo manifestado por Conesa a los agentes. En su declaración, aseguró que el interés de encontrarse no era del consejero y actual presidente, sino de De Pedro, del que dijo que “era muy pesado” y que la respuesta que se le daba desde la consejería era siempre “negativa”. En cuanto a la reunión en la consejería con De Pedro y Bueno, en la que, según este último, Conesa les dio el OK para contratar sus servicios, el colaborador del presidente murciano aseguró que no la recordaba, pero que siempre se les dijo que no a sus propuestas. “Se les contestaba que se estudiaría la propuesta, pero como una respuesta negativa amable”, dijo a la Guardia Civil.
Tras la última ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional, celebrada el 4 y 5 de octubre, Conesa ha presentado un escrito en el juzgado de Velasco en el que, ahora sí, reconoce que esa reunión se produjo, pero afirma que De Pedro y Bueno le presentaron sus propuestas para el consejero y él no les mostró “un claro desinterés” para que no quedaran “descontentos”, aunque dio el tema por zanjado. En ese documento, en el que reclama al juez que se archive la causa contra él —está imputado por fraude, malversación y revelación de información reservada—, asegura que nunca fue “jefe de gabinete” de Pedro Antonio Sánchez, sino que solo formaba parte del “personal eventual como asesor de comunicación”.
En el escrito se presenta como alguien joven e inexperto y sin competencia para tratar asuntos tan importantes. “Precisamente por su juventud y escasa experiencia”, dice el documento, Conesa “se ocupaba, como es lógico, de asuntos de menor interés, atendiendo a cuantos ciudadanos se dirigían a la consejería, cuyas consultas para el caso de pasar a mayor, siempre debía derivar a sus superiores, dado que carecía de capacidad de decisión alguna”. Es decir, que era imposible que, a pesar de los correos y las reuniones con el personal de De Pedro detectadas por la Guardia Civil, él pudiera ocuparse de la reputación 'online' del entonces futuro presidente de Murcia, informa El Confidencial.
La mafia de Púnica untó a más de 200 políticos y funcionarios con regalos de lujo
Los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que dos de los presuntos cerebros de la trama Púnica, los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid, utilizaron recurrentemente las fiestas navideñas para engrasar su relación con dirigentes y empleados de administraciones públicas en las que tenían intereses inmobiliarios.
Alberto Garzón (IU): Nos gobierna una mafia
Lo que estamos conociendo del caso Gürtel está confirmando todo lo que sospechábamos. Lo hemos dicho muchas veces: el PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. No es un problema individual, vinculado a algunas manzanas podridas, sino que afecta de lleno a la estructura del partido. Son una banda organizada para el crimen. Por eso puede resultar llamativo que el PSOE haya decidido blanquear a esta tropa mediante la abstención en la investidura del jefe de la banda.
Badalona: Los funcionarios piden que se deje de “instrumentalizar” a la plantilla
El comité de empresa del Ayuntamiento de Badalona pide a los grupos municipales “un ejercicio de responsabilidad” después de lo ocurrido el pasado 12O cuando decidieron abrir las puertas de las oficinas municipales a pesar de la resolución que lo prohibía. Desde CCOO piden que “se argumente políticamente lo que son decisiones políticas” y deje de utilizarse a los trabajadores públicos para ello. Pol Acózar, secretario del comité de empresa del Ayuntamiento de Badalona y de la sección sindical de CCOO, pide que “deje de instrumentalizarse a la plantilla” para justificar una decisión política. Desde el sindicato, quieren destacar su neutralidad ante el debate político surgido por la decisión de los concejales del gobierno.
“Nuestras críticas están dirigidas a la falta de planificación”, afirma Acózar, después que algunos trabajadores de la plantilla se dirigieran el pasado miércoles, Día de la Hispanidad, para trabajar como se les había solicitado. Los sindicatos lamentan que la orden para no asistir el 12O al puesto de trabajo no llegó a tiempo para algunos funcionarios. Además, algunos ya cambiaron su día festivo por el pasado 1 de abril, una de las opciones que dio el gobierno y ahora no saben cuándo tendrán que recuperarlo. Desde CCOO afirman que las mesas de negociación no se han convocado de manera regular y no se han podido tratar temas sobre el calendario laboral.
La pugna entre administraciones ponen en riesgo la neutralidad de los empleados públicos
Lo ocurrido el 12 de Octubre en el Ayuntamiento de Badalona fue un acto de “escenificación política”, porque algunos concejales abrieron las puertas del consistorio, pero ningún empleado público trabajó ese día, coinciden los especialistas en Administración y Función Pública consultados sobre el caso en cuestión. Ahora bien, sí es una muestra de que las tensiones ideológicas se han trasladado a las administraciones y ponen en riesgo la neutralidad del cuerpo de funcionarios, los cuales pueden verse involucrados en situaciones en las que tengan que tomar partido, sostiene Javier Cuenca, uno de los máximos expertos en la materia en España y subdirector del Institut Valencià d’Administració Pública.
La batalla jurídico-política entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado por el proceso independentista ha hecho aflorar esta contradicción. “Pedimos que no nos inmiscuyan en peleas políticas, que dejen a los empleados públicos al margen”, remarca Carles Villalante, secretario de política institucional de la UGT. En el caso de Badalona, los ediles recomendaron a los empleados dispuestos a trabajar, una minoría, que regresaran a casa. No podían garantizar su seguridad jurídica, informa La Vanguardia.
“Nuestras críticas están dirigidas a la falta de planificación”, afirma Acózar, después que algunos trabajadores de la plantilla se dirigieran el pasado miércoles, Día de la Hispanidad, para trabajar como se les había solicitado. Los sindicatos lamentan que la orden para no asistir el 12O al puesto de trabajo no llegó a tiempo para algunos funcionarios. Además, algunos ya cambiaron su día festivo por el pasado 1 de abril, una de las opciones que dio el gobierno y ahora no saben cuándo tendrán que recuperarlo. Desde CCOO afirman que las mesas de negociación no se han convocado de manera regular y no se han podido tratar temas sobre el calendario laboral.
La pugna entre administraciones ponen en riesgo la neutralidad de los empleados públicos
Lo ocurrido el 12 de Octubre en el Ayuntamiento de Badalona fue un acto de “escenificación política”, porque algunos concejales abrieron las puertas del consistorio, pero ningún empleado público trabajó ese día, coinciden los especialistas en Administración y Función Pública consultados sobre el caso en cuestión. Ahora bien, sí es una muestra de que las tensiones ideológicas se han trasladado a las administraciones y ponen en riesgo la neutralidad del cuerpo de funcionarios, los cuales pueden verse involucrados en situaciones en las que tengan que tomar partido, sostiene Javier Cuenca, uno de los máximos expertos en la materia en España y subdirector del Institut Valencià d’Administració Pública.
La batalla jurídico-política entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado por el proceso independentista ha hecho aflorar esta contradicción. “Pedimos que no nos inmiscuyan en peleas políticas, que dejen a los empleados públicos al margen”, remarca Carles Villalante, secretario de política institucional de la UGT. En el caso de Badalona, los ediles recomendaron a los empleados dispuestos a trabajar, una minoría, que regresaran a casa. No podían garantizar su seguridad jurídica, informa La Vanguardia.
Una imputada por las 'black' contratada por Cifuentes gracias a lgnacio González
La Fundación Pardo Valcarce de Carmen Cafranga (foto, entre Aznar y Blesa), exconsejera de Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas black, ha conseguido un contrato de la Comunidad de Madrid de casi 100.000 euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y licitado cuando el condenado por corrupción Ignacio González era todavía presidente del PP de la Comunidad. Y lo ha logrado con un informe desfavorable de la Dirección General madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad de la región. “Se informa desfavorablemente por parte de esta dirección general acerca de la viabilidad económica de la oferta presentada por la Fundación Pardo Valcarce para el desarrollo del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite”. Así termina el informe que este organismo madrileño redactó el 11 de Agosto de 2015 sobre la oferta presentada por la Fundación de Carmen Cafranga, según publica la SER.
De la media docena de organizaciones que se habían presentado al concurso abierto, la oferta de la Fundación de la exconsejera de Caja Madrid e imputada por las 'tarjetas black' fue considerada “anormalmente baja” (90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.000). De ahí que la Mesa de Contratación de la Consejería de Políticas Sociales pidiera a esta fundación que justificase su oferta.
La fundación de Cafranga, según la mencionada emisora, defendió que el bajo precio de su oferta se debía a que podía ahorrar en costes laborales frente a sus competidores gracias a las subvenciones al empleo por valor de 24.000 euros que le había otorgado el Gobierno de Ignacio González el 1 de junio de 2015. Unas subvenciones que se concedieron 24 días antes de la toma de posesión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cafranga fue consejera de Caja Madrid a propuesta del PP de la región durante más de una década y presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, puesto del que dimitió tras conocerse que cargó más de 173.000 euros a su tarjeta black. Asimismo, fue socia fundadora de la empresa Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, esposa de González.
Más allá de las subvenciones recibidas por parte del antecesor de Cifuentes, Cafranga justificó el precio tan bajo de su oferta frente a las de sus competidores a que contaba con la ventaja de tener un local cedido gratuitamente por Caja Madrid, con el consiguiente ahorro en alquiler que esto conlleva. Este local era la antigua biblioteca de la Obra Social de Caja madrileña que el banco cedió gratuitamente a la Fundación Pardo Valcarce en 2012.
La Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de la región, afirmó en un informe en el que desaconsejaba la contratación de esta fundación que las mencionadas subvenciones no podían usarse para abaratar costes. Asimismo, señaló que la Fundación Pardo Valcarce omitía en el precio de su oferta todos los costes relacionados con la infraestructura necesaria para la ejecución.
A pesar de ello, según desvela la SER, la mesa de contratación aprobó conceder el contrato a la Fundación de Carmen Cafranga a pesar del informe desfavorable de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad. La Fundación de Cafranga no solo logró el contrato para encargarse del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite durante el año 2015 por 90.400 euros, sino que éste acaba de ser prorrogado por un año más. Es decir, recibirá en total 180.800 euros, informa El Boletín.
De la media docena de organizaciones que se habían presentado al concurso abierto, la oferta de la Fundación de la exconsejera de Caja Madrid e imputada por las 'tarjetas black' fue considerada “anormalmente baja” (90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.000). De ahí que la Mesa de Contratación de la Consejería de Políticas Sociales pidiera a esta fundación que justificase su oferta.
La fundación de Cafranga, según la mencionada emisora, defendió que el bajo precio de su oferta se debía a que podía ahorrar en costes laborales frente a sus competidores gracias a las subvenciones al empleo por valor de 24.000 euros que le había otorgado el Gobierno de Ignacio González el 1 de junio de 2015. Unas subvenciones que se concedieron 24 días antes de la toma de posesión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cafranga fue consejera de Caja Madrid a propuesta del PP de la región durante más de una década y presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, puesto del que dimitió tras conocerse que cargó más de 173.000 euros a su tarjeta black. Asimismo, fue socia fundadora de la empresa Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, esposa de González.
Más allá de las subvenciones recibidas por parte del antecesor de Cifuentes, Cafranga justificó el precio tan bajo de su oferta frente a las de sus competidores a que contaba con la ventaja de tener un local cedido gratuitamente por Caja Madrid, con el consiguiente ahorro en alquiler que esto conlleva. Este local era la antigua biblioteca de la Obra Social de Caja madrileña que el banco cedió gratuitamente a la Fundación Pardo Valcarce en 2012.
La Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de la región, afirmó en un informe en el que desaconsejaba la contratación de esta fundación que las mencionadas subvenciones no podían usarse para abaratar costes. Asimismo, señaló que la Fundación Pardo Valcarce omitía en el precio de su oferta todos los costes relacionados con la infraestructura necesaria para la ejecución.
A pesar de ello, según desvela la SER, la mesa de contratación aprobó conceder el contrato a la Fundación de Carmen Cafranga a pesar del informe desfavorable de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad. La Fundación de Cafranga no solo logró el contrato para encargarse del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite durante el año 2015 por 90.400 euros, sino que éste acaba de ser prorrogado por un año más. Es decir, recibirá en total 180.800 euros, informa El Boletín.
Fiscalía pide a Interior datos de la grabación a Fernández Díaz
La Fiscalía ha pedido al Ministerio del Interior aquellos datos que haya podido obtener sobre la grabación de las conversaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el que fuera director de la Agencia Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. El Ministerio Público quiere dilucidar si la grabación y conocimiento de las conversaciones suponen una intromisión en la intimidad de los afectados. Precisamente mañana, en el Congreso, la antigua Convergència buscará que la Cámara repruebe al ministro con la presentación de una proposición no de ley.
Tras conocerse el contenido de dos conversaciones mantenidas entre ambos en el despacho del ministro -en las que se deduce que buscan pruebas para incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de corrupción-, el propio Fernández Díaz ordenó a la Comisaría General de Policía Judicial que iniciara las pesquisas pertinentes para esclarecer quién estaba detrás de las grabación y difusión de esos encuentros. Las conversaciones tuvieron lugar en el despacho del ministro entre el 2 y 16 de octubre de 2014, cuando faltaba menos de un mes para la consulta secesionista del 9-N convocada por la Generalitat.El pasado mes de julio, la Policía Judicial elevó ya un informe al ministro con sus primeras conclusiones. Y lo primero que hicieron los efectivos encargados de la investigación fue descartar que se hubiera producido una acción desde fuera del Ministerio del Interior, que la grabación se hubiera realizado desde el exterior del edificio.
También se descartó que se hubieran manipulado los teléfonos móviles de los interlocutores, que la grabación hubiera sido realizada desde alguno de los dispositivos de manera externa. Lo que vienen a sostener los investigadores en su primer, y hasta ahora único informe, es que la grabación se realizó desde el propio interior del despacho, con un dispositivo específico, colocado allí y que grabó con nitidez a ambos interlocutores. De esta forma, los investigadores deslizan que tuvo que ser personal del propio Ministerio o con acreditación para acceder a las dependencias específicas en las que se realizó la grabación posteriormente difundida. Se utilizó una grabadora y el micrófono estaba colocado en una posición elevada, según concluyeron los especialistas de la Policía Judicial.
En sus conclusiones, los investigadores prácticamente descartaron que la grabación partiera de alguno de los interlocutores. Sí apuntaron que el ex director de Antifraude de Cataluña recibió tratamiento especial en sus dos visitas al Ministerio: ni su maletín fue revisado, ni siquiera fue anotado como visitante del Departamento de la Seguridad en las fechas en que se produjeron las grabaciones.
La Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó que no había ningún indicio de delito en el contenido de las conversaciones y que, por tanto, no procedía abrir una investigación contra el ministro. No obstante, derivó la situación a las fiscalías de Cataluña y de Madrid por si consideraban que se podía haber producido alguna actuación delictiva contra los interlocutores. Y en este plano, la Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Policía que le informe de sus pesquisas.Porque Fiscalía, como se ha explicado, quiere saber si se ha producido una intromisión en la intimidad de los afectados.
La Policía, además de emitir a sus superiores ese informe el pasado mes de julio con unas conclusiones preliminares, tomó también declaración a muchos de los funcionarios del Ministerio del Interior que habitualmente aceden al despacho del ministro.Los servicios tecnológicos de la Policía también llevaron a cabo un barrido especial en las dependencias utilizadas por Fernández Díaz para recibir sus visitas, tanto en su despacho como en el antedespacho, con el fin de descartar que el dispositivo desde el que se perpetró la grabación aún permaneciera allí ubicado. Este rastreo resultó infructuoso.
Mandos policiales interrogados
Los investigadores no han podido aún concluir quién está detrás de las grabaciones del Ministerio del Interior y, sobre todo, quién está detrás de la difusión. Porque es en este punto donde se centraron las pesquisas. La difusión se produjo en el marco de una delicada situación interna en el seno policial, en la que varios mandos estaban y están siendo investigados en sumarios judiciales. Según explicaron fuentes policiales, los agentes también tomaron declaración a algunos mandos que aseguraron ser ajenos a las grabaciones, informa El Mundo.
Tras conocerse el contenido de dos conversaciones mantenidas entre ambos en el despacho del ministro -en las que se deduce que buscan pruebas para incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de corrupción-, el propio Fernández Díaz ordenó a la Comisaría General de Policía Judicial que iniciara las pesquisas pertinentes para esclarecer quién estaba detrás de las grabación y difusión de esos encuentros. Las conversaciones tuvieron lugar en el despacho del ministro entre el 2 y 16 de octubre de 2014, cuando faltaba menos de un mes para la consulta secesionista del 9-N convocada por la Generalitat.El pasado mes de julio, la Policía Judicial elevó ya un informe al ministro con sus primeras conclusiones. Y lo primero que hicieron los efectivos encargados de la investigación fue descartar que se hubiera producido una acción desde fuera del Ministerio del Interior, que la grabación se hubiera realizado desde el exterior del edificio.
También se descartó que se hubieran manipulado los teléfonos móviles de los interlocutores, que la grabación hubiera sido realizada desde alguno de los dispositivos de manera externa. Lo que vienen a sostener los investigadores en su primer, y hasta ahora único informe, es que la grabación se realizó desde el propio interior del despacho, con un dispositivo específico, colocado allí y que grabó con nitidez a ambos interlocutores. De esta forma, los investigadores deslizan que tuvo que ser personal del propio Ministerio o con acreditación para acceder a las dependencias específicas en las que se realizó la grabación posteriormente difundida. Se utilizó una grabadora y el micrófono estaba colocado en una posición elevada, según concluyeron los especialistas de la Policía Judicial.
En sus conclusiones, los investigadores prácticamente descartaron que la grabación partiera de alguno de los interlocutores. Sí apuntaron que el ex director de Antifraude de Cataluña recibió tratamiento especial en sus dos visitas al Ministerio: ni su maletín fue revisado, ni siquiera fue anotado como visitante del Departamento de la Seguridad en las fechas en que se produjeron las grabaciones.
La Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó que no había ningún indicio de delito en el contenido de las conversaciones y que, por tanto, no procedía abrir una investigación contra el ministro. No obstante, derivó la situación a las fiscalías de Cataluña y de Madrid por si consideraban que se podía haber producido alguna actuación delictiva contra los interlocutores. Y en este plano, la Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Policía que le informe de sus pesquisas.Porque Fiscalía, como se ha explicado, quiere saber si se ha producido una intromisión en la intimidad de los afectados.
La Policía, además de emitir a sus superiores ese informe el pasado mes de julio con unas conclusiones preliminares, tomó también declaración a muchos de los funcionarios del Ministerio del Interior que habitualmente aceden al despacho del ministro.Los servicios tecnológicos de la Policía también llevaron a cabo un barrido especial en las dependencias utilizadas por Fernández Díaz para recibir sus visitas, tanto en su despacho como en el antedespacho, con el fin de descartar que el dispositivo desde el que se perpetró la grabación aún permaneciera allí ubicado. Este rastreo resultó infructuoso.
Mandos policiales interrogados
Los investigadores no han podido aún concluir quién está detrás de las grabaciones del Ministerio del Interior y, sobre todo, quién está detrás de la difusión. Porque es en este punto donde se centraron las pesquisas. La difusión se produjo en el marco de una delicada situación interna en el seno policial, en la que varios mandos estaban y están siendo investigados en sumarios judiciales. Según explicaron fuentes policiales, los agentes también tomaron declaración a algunos mandos que aseguraron ser ajenos a las grabaciones, informa El Mundo.
Patrimonio Nacional: otro desmadre de cuentas y descontrol
Obras de arte localizadas en exposiciones que ya han terminado, fincas que no aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad, ingresos desconocidos por la venta de entradas en museos, irregularidades en la gestión en los alquileres y hasta cinco exempleados que aún están autorizados en las cuentas bancarias. El Tribunal de Cuentas evidencia en un informe de fiscalización el descontrol existente en Patrimonio Nacional, el organismo que gestiona el patrimonio histórico-artístico vinculado históricamente a la Monarquía española. El documento es claro. Existe "ausencia o insuficiencia de información o documentación fiable" respecto a los ingresos, tanto por venta de entradas a los museos, venta de artículos en las tiendas de los mismos e incluso en la facturación de las distintas fincas arrendadas.
Patrimonio Nacional consta de varios inventarios en los que registra sus bienes. La base de datos llamada Goya compila los 154.459 bienes muebles histórico artístico de Patrimonio repartidos en diferentes palacios, conventos o depósitos. El informe del órgano, que fiscaliza el ejercicio 2013, señala "deficiencias" en la base de datos, especialmente en los procedimiento establecidos para el movimiento de estos bienes y en la ubicación real de los mismos. "Un número elevado de elementos figuraban erróneamente en la localización 'Fuera de Patrimonio' por exposición, restauración y otras causas, ya que habían vuelto a sus lugares originales", según señala el Tribunal de Cuentas.
En lo que respecta a los bienes inmuebles, el órgano fiscalizador pide a Patrimonio que inscriba de forma "urgente" todas sus fincas y edificios en el Registro de la Propiedad. Según el Tribunal, en la base de datos de los inventarios relativos a los bienes inmuebles hay "inexactitudes, omisiones, inconsistencia y falta de homogeneidad".
El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda también investigó el estado de la Tesorería de Patrimonio Nacional, concluyendo que existen "importantes deficiencias" que anulan la utilidad del instrumento de control de los fondos de Patrimonio. Entre otros fallos, el informe detecta que hay hasta cinco personas que "no mantienen ya relación con el organismo", pero que "permanecen autorizadas" con firma de disposición en las distintas cuentas bancarias. Además, señala que se realizan retiradas de dinero en cuentas que están restringidas sólo para ingresos.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas considera, sin embargo, que el organismo refleja una imagen fiel de los estados financieros, aunque asegura que existen "salvedades" debidas a "las incertidumbres, omisiones y deficiencias detectadas en la fiscalización". Por ejemplo, destaca gastos mal clasificados, la asunción de obligaciones que superan los 800.000 euros y que corresponden a los Reales Patronatos y a la Fundación del Valle de los Caídos y cuestiona la falta de justificación del valor de las existencias.
Patrimonio Nacional tiene bajo su custodia, además de edificios y bienes artísticos, espacios como el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid, la finca conocida como Hípica de Aranjuez o el Hipódromo de la Zarzuela. El organismo dependiente del Ministerio de Presidencia tiene alquilados los tres recintos para la gestión de los mismos, aunque el Tribunal de Cuentas ve "importantes deficiencias" en los tres contratos. El informe señala que Patrimonio arrendó en enero de 2014 el Parque Deportivo Puerta de Hierro a la Comunidad de Madrid, asumiendo una rebaja en la renta a cambio de que el arrendatario realice unas obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios y que "corresponden realizar al arrendatario". La compensación de ingresos con gastos incumple los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, según el propio Tribunal de Cuentas.
El caso se repite con las instalaciones Hípica de Aranjuez, en las que también se compensa el precio del alquiler con el coste de las obras. En el caso del Hipódromo de la Zarzuela, alquilado a la sociedad Hipódromo de la Zarzuela, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en un 95%, el informe señala las importantes deficiencias e irregularidades sobre las transferencias que realiza Patrimonio a la sociedad (por 23,4 millones) para la financiación de unas obras. La fiscalización concluye a este respecto que la información sobre la facturación de los alquileres "no es fiable" e "impide verificar la integridad de la recaudación".
Tras la ristra de deficiencias, el Tribunal de Cuentas insta al organismo a que corrija todas las "irregularidades" señaladas, y recomienda especialmente en los temas contables que clarifique los ingresos que percibe por precios públicos y arrendamientos. Por su parte, Patrimonio Nacional asegura a este diario que se están cumpliendo todas las recomendaciones solicitadas por el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a su competencia y están adoptando las "medidas necesarias", informa El Economista.
Patrimonio Nacional consta de varios inventarios en los que registra sus bienes. La base de datos llamada Goya compila los 154.459 bienes muebles histórico artístico de Patrimonio repartidos en diferentes palacios, conventos o depósitos. El informe del órgano, que fiscaliza el ejercicio 2013, señala "deficiencias" en la base de datos, especialmente en los procedimiento establecidos para el movimiento de estos bienes y en la ubicación real de los mismos. "Un número elevado de elementos figuraban erróneamente en la localización 'Fuera de Patrimonio' por exposición, restauración y otras causas, ya que habían vuelto a sus lugares originales", según señala el Tribunal de Cuentas.
En lo que respecta a los bienes inmuebles, el órgano fiscalizador pide a Patrimonio que inscriba de forma "urgente" todas sus fincas y edificios en el Registro de la Propiedad. Según el Tribunal, en la base de datos de los inventarios relativos a los bienes inmuebles hay "inexactitudes, omisiones, inconsistencia y falta de homogeneidad".
El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda también investigó el estado de la Tesorería de Patrimonio Nacional, concluyendo que existen "importantes deficiencias" que anulan la utilidad del instrumento de control de los fondos de Patrimonio. Entre otros fallos, el informe detecta que hay hasta cinco personas que "no mantienen ya relación con el organismo", pero que "permanecen autorizadas" con firma de disposición en las distintas cuentas bancarias. Además, señala que se realizan retiradas de dinero en cuentas que están restringidas sólo para ingresos.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas considera, sin embargo, que el organismo refleja una imagen fiel de los estados financieros, aunque asegura que existen "salvedades" debidas a "las incertidumbres, omisiones y deficiencias detectadas en la fiscalización". Por ejemplo, destaca gastos mal clasificados, la asunción de obligaciones que superan los 800.000 euros y que corresponden a los Reales Patronatos y a la Fundación del Valle de los Caídos y cuestiona la falta de justificación del valor de las existencias.
Patrimonio Nacional tiene bajo su custodia, además de edificios y bienes artísticos, espacios como el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid, la finca conocida como Hípica de Aranjuez o el Hipódromo de la Zarzuela. El organismo dependiente del Ministerio de Presidencia tiene alquilados los tres recintos para la gestión de los mismos, aunque el Tribunal de Cuentas ve "importantes deficiencias" en los tres contratos. El informe señala que Patrimonio arrendó en enero de 2014 el Parque Deportivo Puerta de Hierro a la Comunidad de Madrid, asumiendo una rebaja en la renta a cambio de que el arrendatario realice unas obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios y que "corresponden realizar al arrendatario". La compensación de ingresos con gastos incumple los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, según el propio Tribunal de Cuentas.
El caso se repite con las instalaciones Hípica de Aranjuez, en las que también se compensa el precio del alquiler con el coste de las obras. En el caso del Hipódromo de la Zarzuela, alquilado a la sociedad Hipódromo de la Zarzuela, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en un 95%, el informe señala las importantes deficiencias e irregularidades sobre las transferencias que realiza Patrimonio a la sociedad (por 23,4 millones) para la financiación de unas obras. La fiscalización concluye a este respecto que la información sobre la facturación de los alquileres "no es fiable" e "impide verificar la integridad de la recaudación".
Tras la ristra de deficiencias, el Tribunal de Cuentas insta al organismo a que corrija todas las "irregularidades" señaladas, y recomienda especialmente en los temas contables que clarifique los ingresos que percibe por precios públicos y arrendamientos. Por su parte, Patrimonio Nacional asegura a este diario que se están cumpliendo todas las recomendaciones solicitadas por el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a su competencia y están adoptando las "medidas necesarias", informa El Economista.
Defex readmite y despide a un directivo imputado en la trama corrupta de la empresa pública de armas
Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros. El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso. Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.
Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía. Con un salario mensual de 9.144,13 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, más un bonus que en 2013 ascendió a 43.000 euros, Iglesias fue encarcelado en julio de 2014 junto a buena parte de la cúpula de Defex, imputado por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
El 3 de octubre de 2014, Iglesias salió en libertad bajo fianza de 50.000 euros y tres días después, el lunes 6 de octubre, se personaba en la empresa con la intención de reincorporarse a su puesto de trabajo con la categoría que tenía en el momento de ser detenido (alto directivo). Fuentes conocedoras del caso creen que su verdadera intención era cobrar la indemnización que le correspondería por sus 23 años de servicio en la empresa.
Defex se negó a readmitir a Iglesias y alegó que su relación laboral no estaba “extinguida sino suspendida por causa legal”, al amparo del artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, que regula como causa de suspensión de un contrato de trabajo “la privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria”. Una vez en libertad bajo fianza, Iglesias Sarriá denunció a la empresa solicitando, entre otras cosas, la declaración de nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En noviembre pasado, Iglesias logró que la magistrada del Juzgado de lo Social Número 40 de Madrid, Yolanda Martínez Álvarez, condenase a Defex a readmitirle o indemnizarle con 423.179,4 euros por despido improcedente, según la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es
Defex presentó recurso de suplicación y, aunque consignó esa cantidad en el juzgado, pidió a la Audiencia Nacional que embargase esos 423.179,4 euros para que su exdirectivo no pudiera disponer de ellos. El pasado 12 de julio, la sección 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó en parte el recurso de Defex, aunque mantuvo la obligación de readmitirle reconociéndole sólo la indemnización que le correspondería por su etapa como alto directivo (desde enero de 2013 a julio de 2014): 15.339,64 euros.
La empresa pública alegó que no podía readmitir a Iglesias Sarriá como directivo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de Defex (dedicada al comercio exterior) y las restricciones que había fijado la Audiencia Nacional para ponerle en libertad, entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Iglesias, argumentó, “no podía desempeñar las tareas que eran propias del cargo que desempeñaba que le exigían desplazarse con frecuencia al extranjero”. Defex tenía constancia de 63 viajes de Iglesias como representante de la compañía entre 2009 y 2014, “de los cuales 13 son nacionales y el resto 50 son internacionales”, según la sentencia, ante la que cabe recurso, informa eldiario.es.
Pujol Jr. , socio del sobrino de Cospedal y del prófugo de Defex
El caso Defex ha destapado la existencia del fugitivo Taveira, el conseguidor de Angola buscado desde hace dos años por Interpol. Pero el prófugo no sólo era el hombre de Defex en ese país africano: la empresa pública Mercasa, asociada con una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, también estuvo involucrada con él en un negocio millonario. El caso Defex tiene así conexiones inesperadas con uno de los grandes escándalos de corrupción de la democracia: el de la familia Pujol. Pero el fugitivo Taveira no era sólo conseguidor en Angola para la empresa pública Defex, sino también para Mercasa, la sociedad estatal dedicada a los mercados de abastos. Ambas compañías dependen orgánicamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Ibadesa, la empresa de Pujol, tenía como presidente a un sobrino de Cospedal. Jordi Pujol Ferrusola, a la salida de la Audiencia Nacional.
Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía. Con un salario mensual de 9.144,13 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, más un bonus que en 2013 ascendió a 43.000 euros, Iglesias fue encarcelado en julio de 2014 junto a buena parte de la cúpula de Defex, imputado por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
El 3 de octubre de 2014, Iglesias salió en libertad bajo fianza de 50.000 euros y tres días después, el lunes 6 de octubre, se personaba en la empresa con la intención de reincorporarse a su puesto de trabajo con la categoría que tenía en el momento de ser detenido (alto directivo). Fuentes conocedoras del caso creen que su verdadera intención era cobrar la indemnización que le correspondería por sus 23 años de servicio en la empresa.
Defex se negó a readmitir a Iglesias y alegó que su relación laboral no estaba “extinguida sino suspendida por causa legal”, al amparo del artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, que regula como causa de suspensión de un contrato de trabajo “la privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria”. Una vez en libertad bajo fianza, Iglesias Sarriá denunció a la empresa solicitando, entre otras cosas, la declaración de nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En noviembre pasado, Iglesias logró que la magistrada del Juzgado de lo Social Número 40 de Madrid, Yolanda Martínez Álvarez, condenase a Defex a readmitirle o indemnizarle con 423.179,4 euros por despido improcedente, según la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es
Defex presentó recurso de suplicación y, aunque consignó esa cantidad en el juzgado, pidió a la Audiencia Nacional que embargase esos 423.179,4 euros para que su exdirectivo no pudiera disponer de ellos. El pasado 12 de julio, la sección 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó en parte el recurso de Defex, aunque mantuvo la obligación de readmitirle reconociéndole sólo la indemnización que le correspondería por su etapa como alto directivo (desde enero de 2013 a julio de 2014): 15.339,64 euros.
La empresa pública alegó que no podía readmitir a Iglesias Sarriá como directivo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de Defex (dedicada al comercio exterior) y las restricciones que había fijado la Audiencia Nacional para ponerle en libertad, entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Iglesias, argumentó, “no podía desempeñar las tareas que eran propias del cargo que desempeñaba que le exigían desplazarse con frecuencia al extranjero”. Defex tenía constancia de 63 viajes de Iglesias como representante de la compañía entre 2009 y 2014, “de los cuales 13 son nacionales y el resto 50 son internacionales”, según la sentencia, ante la que cabe recurso, informa eldiario.es.
Pujol Jr. , socio del sobrino de Cospedal y del prófugo de Defex
El caso Defex ha destapado la existencia del fugitivo Taveira, el conseguidor de Angola buscado desde hace dos años por Interpol. Pero el prófugo no sólo era el hombre de Defex en ese país africano: la empresa pública Mercasa, asociada con una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, también estuvo involucrada con él en un negocio millonario. El caso Defex tiene así conexiones inesperadas con uno de los grandes escándalos de corrupción de la democracia: el de la familia Pujol. Pero el fugitivo Taveira no era sólo conseguidor en Angola para la empresa pública Defex, sino también para Mercasa, la sociedad estatal dedicada a los mercados de abastos. Ambas compañías dependen orgánicamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Ibadesa, la empresa de Pujol, tenía como presidente a un sobrino de Cospedal. Jordi Pujol Ferrusola, a la salida de la Audiencia Nacional.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)